A partir de un estudio pormenorizado sobre la actual Ley de Educación Básica y especialmente del Nuevo Modelo de Bachillerato, el Centro de Observación Ciudadana, organización de la sociedad civil, ha detectado posibles problemas de aplicación, desarrollo, adaptación y resultados en los próximos períodos escolares, sobre todo en el sector Sierra cuyo inicio es más cercano. Entre ellos los siguientes:
1. El problema fundamental radicaría en la gestión de rectoría que para este caso se manifiesta en la ausencia de un proceso de planificación para el cambio en el modelo de bachillerato. Prueba de ello es la incertidumbre que se provoca tras las deficiencias en la socialización entre los actores del sector y en la capacitación docente necesaria ante la inminencia del nuevo período de clases en la Sierra.
2. Al énfasis que se le ha dado al cambio de la malla curricular para la definición del modelo, se debió tomar en cuenta otros factores que hacen parte del sistema educativo, como por ejemplo, los aspectos socioeconómicos del cambio, su nivel de impacto, la diversidad de los estudiantes de los centros educativos por su localización, integración, niveles de prestación docente, entre otros.
La propuesta surge entonces en la construcción de un modelo de gestión aplicado con una visión de solidaridad y equidad, construido a partir de mecanismos de participación ciudadana y control social. En ese sentido implementar el Consejo Consultivo Ciudadano para la Calidad de la Educación, representa una alternativa que con la necesaria sustentación técnica, integra a los actores del sector en la toma y aplicación de este tipo de decisiones tan importantes. Instrumento ciudadano que en otros sectores como justicia y comunicación han tenido aceptación en procura de resultados.
“La inadecuada regulación por parte de la autoridad pública provoca incertidumbre y redunda en los hechos en inequidades que parten del mayor o menor cumplimiento del Estado con sus obligaciones. La participación ciudadana y el control social tiene como tarea prioritaria el cumplimiento de derechos, más aún en un área tan importante y sensible como es el de la educación básica. Todo en el contexto de la responsabilidad histórica de precautelar la convivencia pacífica, los derechos civiles y las libertades públicas en el Ecuador, de acuerdo a lo que dispone el artículo 83 de su Constitución”, precisó Xavier Buendía, Presidente del Centro de Observación Ciudadana.
“NUESTRA REFORMA ES LA SOLIDARIDAD”
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