EL COMERCIO - ENTREVISTA DEL DIA
MARTIN GERSHANIK, PANELISTA DEL SEMINARIO ADMINISTRACION DE JUSTICIA; UNA REFORMA URGENTE
‘Hay abuso de la prisión preventiva en América’
Martín Gershanik, consultor de reformas judiciales Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considera que en Sudamérica, es frecuente el hecho de que el Ejecutivo y el Legislativo quieran meter mano en la justicia.
Usted dice que vino al Ecuador para participar en el encuentro de la U. Católica denominado Administración de Justicia, una reforma urgente ¿Cuál es la reforma que requiere la justicia ecuatoriana? ¿Qué experiencia tiene Argentina?
Argentina tiene 25 poderes judiciales. Hay uno en cada provincia y son independientes. Además, tenemos un poder Judicial que rige para todo el país o también llamada justicia federal.
¿Cuán eficientes son esos sistemas?
- Su experiencia. Es abogado y tiene una maestría en Derecho y Economía. Es director de proyectos de la ONG Unidos por la Justicia, en Argentina.
- Su punto de vista. En Sudamérica, es frecuente el hecho de que el Ejecutivo y el Legislativo quieran meter mano en la justicia.
El sistema de Argentina todavía dista de ser perfecto. Estamos trabajando mucho para mejorar. Hay niveles muy grandes de impunidad, especialmente en delitos contra la corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, etc. Hemos trabajado en esos temas, pero la Argentina tiene una deuda en cuestiones de impunidad,
Es decir ¿en Argentina aún no se puede atacar con fuerza al crimen organizado?
Todos los delitos son perseguidos por la justicia federal. Esta es la que tiene déficit a la hora de perseguir los ilícitos. La verdad es que la cantidad de condenadas en cuanto narcotráfico, por ejemplo, han sido bajas. En el tema de lavado de activos, desde hace cinco años, se ha presentado una sola condena. En los otros poderes judiciales, es decir, en las funciones provinciales, sí hay avances en cuanto a la persecución de los delitos, pero en la federal hay grandes dudas.
Entonces, ¿qué se puede copiar del modelo de justicia argentino?
La justicia federal es precisamente lo que no se debe copiar. Pero hemos trabajado en otras jurisdicciones, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires que tiene su propio sistema de justicia. Allí, el Ministerio Público ha hecho un rediseño de la gestión. Antes la Fiscalía en Buenos Aires estaba organizada como réplicas de los juzgados y no coincidía con la visión y misión del Ministerio Público. Pero se cambió el modelo, para soportar la carga de trabajo e investigar los temas penales con eficiencia. Se consolidaron equipos de investigación, se instalaron unidades de trámites para aprovechar el recurso humano, etcétera.
Bajo esa perspectiva ¿cuáles son las falencias que los países de la región arrastran en cuanto a justicia?
En América Latina, donde más fallas existen es en la organización del sistema judicial. Todos los poderes judiciales de la Región vienen de una raíz común, que es la Colonia. Esa forma de trabajar, que es con una cultura del expediente, es altamente burocrática, lenta, poco transparente y se presta a la corrupción. Hay que cambiar la forma de mejorar la respuesta frente a la demanda y sería a través del rediseño del desempeño. En Argentina se han separado las actividades jurisdiccionales de las administrativas. Estas cosas nada tienen que ver con impartir justicia, pero a eso también se dedicaban los jueces.
En Ecuador, una de las preguntas del referendo planteado por el Gobierno hace relación a la posibilidad de plantear reformas e impedir la prisión preventiva. ¿Cómo manejar esa figura legal?
El tema de la prisión preventiva aqueja a toda América Latina. El gran problema es que por la ineficiencia, que no se puede tramitar los casos, hay un abuso de esta prisión. Mi opinión es que esto no pasa solo por limitar la detención preventiva en el tiempo.
¿Si no en qué se basa?
El foco para que este tipo de cuestiones se resuelva no debería basarse en hechos como si se prorrogara la prisión preventiva, sino ver cómo el sistema penal pueda investigar rápido.
Eso es precisamente lo que no ha funcionado
En Colombia y Chile sí ha mejorado la efectividad en cuanto a los delitos de flagrancia, cuando le arrebatan una pertenencia o le roban un celular. Antes se tardaban meses en procesar esas causas y los detenidos permanecían igual tiempo con prisión preventiva. Ahora en tema de flagrancia la aprehensión ha bajado de meses a días. En otros casos complejos como homicidios y estafas aún hay problemas.
Desde su experiencia, ¿es común que los gobiernos de la región intenten meter mano en la justicia?
Sí. Es frecuente el hecho de que el Ejecutivo quiera meter mano en la justicia. En todos los países de la región se comparten estos problemas. Argentina no es ajena a ello. Tenemos una larga historia de intromisión del poder político en la justicia del Ejecutivo y Legislativo.
¿A qué se debe ello?
A la tradición cultural. Algunos historiadores lo remontan incluso a la época del virreinato y la Colonia. Siempre ha existido una tensión permanente.
