Ante la resolución judicial de los conflictos del debate de orden público, el Centro de Observación Ciudadana, organización de la sociedad civil, expresa su preocupación ante la aplicación de figuras jurídicas y normas para responsabilizar a personas jurídicas, que son improcedentes, inaplicables y descontextualizadas, por lo tanto con posibles vicios de nulidad de los actos emanados por autoridad competente, poniendo en claro riesgo la seguridad jurídica.
La recuperación de un clima confianza entre todos los actores tanto públicos como privados, es esencial en momentos en que está por iniciarse un proceso de reforma de la administración de justicia e intenta determinarse un sistema de regulación a los medios de comunicación.
Preservar la ética en el uso poder debe ser una prioridad, para provocar ponderación y equilibrio; en virtud de lo cual, exhortamos de manera reiterada al diálogo que busque la concertación social y la preservación de la convivencia pacífica, basado en principios democráticos que prevengan de posibles escenarios de caos y violencia, o incluso la necesaria desobediencia civil frente a la anomia y el abuso de la autoridad.
“El estado de opinión es cosustancial al estado de derecho, ni lo excluye, ni lo contrapone. La opinión pública se construye a partir de las visiones particulares de los actores que ejerciendo sus libertades y derechos, consolida al estado de derecho. El suponer que hay una contradicción o una posible reactividad entre ambos es absurdo y por tanto, absurdas las acciones que de esta reflexión devenga, como por ejemplo la judicialización de la opinión personal, impidiendo la construcción de opinión pública y por lo tanto el ejercicio de derechos y libertades, por lo tanto el ejercicio pleno del estado de derecho”, en opinión de Xavier Buendía, Presidente del Centro de Observación Ciudadana
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